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miércoles, 17 de agosto de 2011

Más de 1,000 maestros amenazados de muerte por extorsionistas

» Angustiados por las fuertes sumas de dinero que pandillas y oportunistas les han impuesto, algunos educadores han solicitado al Mined el traslado a otras zonas donde corran menos p



JAIME LÓPEZMartes, 16 de Agosto de 2011
incertidumbre e inseguridad en el magisterio nacional. El flagelo ha llegado al extremo que más de 1,000 maestros han tenido que solicitar al Ministerio de Educación el traslado de la zona donde se encuentran a otros lugares, debido a que han sido amenazados. Hasta la fecha han sido asesinados 11 maestros.
Pero aunque hay una ley que autoriza al Ministerio de Educación a realizar el cambio, la medida solo ha beneficiado a 175 docentes en el primer trimestre de 2011 y la misma ha quedado sin efecto para la mayoría de casos por falta de presupuesto.
Los profesores son amenazados de ser asesinados y sus alumnos también, sino pagan cuotas de 500, 1,000, 2,000 y hasta 3,000 dólares, según denunciaron algunos agremiados al Sistema Educativo (Simeduco).
"Este es uno de los momentos más difíciles que está viviendo el magisterio y la escuela pública del país", confesó un agremiado a Simeduco, quien, por seguridad, pidió reserva de su nombre.
Las autoridades se preguntan ¿quiénes están detrás de las exigencias? La respuesta está en sus propios alumnos: algunos hijos de pandilleros, padres aliados a las maras, vecinos y oportunistas.
Una de las víctimas afirmó que los delincuentes se aprovechan de que algunos profesores, sin imaginarse el peligro que corren, han facilitado su número de teléfono celular, mientras otros llaman directamente al número de la institución, que fácilmente obtienen de un directorio.
Para "calcularles la renta", averiguan el salario de cada profesor y de ahí sacan un monto, el cual es multiplicado por el número de maestros del centro educativo, incluyendo al director.
A veces la exigencia se debe hacer efectiva en un pago, en otras, la extorsión es periódica. El fenómeno golpea las áreas rurales y urbanas del país, pero con mayor intensidad en los centros educativos localizados en las grandes urbes, tal es el caso de La Libertad, San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
La mayoría de denuncias provienen de La Libertad. Sin embargo, hay departamentos como Cuscatlán que no figuran en el ranking de extorsiones, pero se registran casos como el ocurrido el 13 de septiembre de 2010 en una escuela rural.
En esa ocasión llamaron al director y le exigieron 500 dólares, bajo la advertencia de que si no entregaban el dinero en el plazo acordado, le iban a lanzar una granada.
El profesor, conociendo el flagelo, supo enfrentar la amenaza y, en vez de intimidarse, cortó la llamada, identificó el número en la pantalla del celular (como desconocido) y no contestó más.
El director del centro educativo informó del chantaje a los cuatro profesores que formaban el centro y, por unanimidad, acordaron que no pagarían, pero que no harían la denuncia a la Policía Nacional Civil porque no les daba ninguna confianza.
Se reunieron con los padres de familia y les expusieron el problema. La psicosis duró un mes. Un año después volvieron a llamar, pero ya se sabía el remedio, no contestar. El director no descarta que en ese chantaje algunos malos estudiantes hayan acompañado a los hampones.
A juicio de los maestros, las extorsiones en el gremio se han incrementado desde 2009 a la fecha, a partir del triple asesinato en San Pablo Tacachico, al norte de La Libertad.
Simeduco calcula que el 75 por ciento de los maestros está siendo extorsionado a nivel nacional. "En esto de las extorsiones y amenazas, hay maestros que lo cuentan, otras que lo sufren a solas y compañeros que lo confiesan, pero no lo denuncian a las autoridades", dijo un profesor.
"La alianza entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil es un fracaso", afirmó otro maestro.
PLAN "ESCUELA SEGURA"
La aseveración del maestro contrasta con las apuestas del propio ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, quien acordó con el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, reforzar el plan de seguridad "Escuela Segura", con medidas como la instalación de puestos policiales en escuelas identificadas en zonas peligrosas.
El comisionado Ascencio puntualizó, recientemente, que en un estudio han ubicado entre 700 y 800 centros educativos en riesgo.
Agregó que de la totalidad, 300 presentan un significativo nivel de peligro, pero 175 están en peor condición. El jefe policial dejó entrever que no solo las extorsiones están afectando el sistema educativo, sino el narcomenudeo, el cual desestabiliza el funcionamiento de los centros educativos.
Esta versión fue confirmada por algunos educadores consultados por El Diario de Hoy.
Los maestros afirmaron que hay padres que se dedican al narcomenudeo y utilizan a sus hijos para enviar o recibir drogas.
En ciertos registros, los menores han sido descubiertos, pero los profesores "se han hecho del ojo pacho" y no han hecho nada por corregirlos por temor a represalias.
La zozobra ha llegado al extremo que algunos maestros ha sido obligados a guardar paquetes de droga a sus alumnos.
Otros estudiantes han forzado a sus profesores a guardar armas de fuego en sus escritorios para no ser sorprendidos por las autoridades.
Ascencio argumentó que no solo los centros educativos son escenarios del trasiego de droga, también incluyó a los centros comerciales, al igual que las barras shows, colonias y pasajes en diferentes lugares del país.
"La Policía se está desplegando territorialmente y le estamos pidiendo la Fiscalía que descentralice fiscales", subrayó el jefe policial, considerando la efectividad en el combate al narcotráfico.
Las palabras del director de la Policía han sido secundadas por el ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien afirmó que el narcomenudeo y las pandillas son los responsables del 90 por ciento de los homicidios que suceden en el país.
Ascencio detalló que "este es un fenómeno que está afectando a toda la comunidad, incluyendo la iglesia, la escuela, los pasajes (de las colonias) y los centros de recreo".
Manifestó que en algunos casos han sido detenidos los menores durante el proceso de distribución de drogas.
De 2009 a la fecha, Simeduco ha colaborado en el traslado de 100 profesores atribulados por las extorsiones y las amenazas de muerte. Las soluciones han significado mover al profesor y su grupo familiar por su seguridad.

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