Escuelas no tendrán subsidio retroactivo

el ministerio de Economía ha calificado de "exitosa" la racionalización del subsidio al gas, a pesar de inconvenientes. FOTO EDH / marvin recinos

Karla Argueta Jueves, 23 de Junio de 2011
EDH

El subsidio para las escuelas, comedores de los mercados y centros de caridad no será retroactivo y quienes consumen hasta 15 cilindros, como el caso de muchos centros educativos, recibirán la ayuda estatal solo para algunos, informó ayer el director general del Sistema Nacional de Racionalización del Subsidio al Gas, Rafael Barrientos.

De acuerdo con el funcionario, la entrega de tarjetas para que estos sectores comiencen a cobrar el subsidio iniciará a finales de julio, una vez culmine la elaboración del mecanismo, proceso en el que está participando un consultor de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

"La retroactividad no la podemos hacer en este momento. Vamos a hacer una valoración de las finanzas del Estado, que son muy pocas", sostuvo Barrientos.

Solo entre abril y junio, los cuatro mil 946 centros educativos que, de acuerdo al Ministerio de Educación, cuentan con el plan de alimentación escolar erogaron aproximadamente $1 millón 575 mil 260 para comprar gas licuado, $1 millón 44 mil 545 más que cuando el producto costaba $5.10, y que no serán devueltos a las escuelas, con las finanzas apretadas por el reciente recorte presupuestario.

La cifra podría incrementar debido a que, según Barrientos, las escuelas beneficiadas son un poco más de cinco mil.

El funcionario del Minec agregó que para contribuir a la economía de las escuelas, están en conversaciones con la industria para abastecerlas con gas a granel, que es mucho más económico, dijo.

A pesar de que el censo de los comedores ubicados en los mercados ya culminó y arrojó la existencia de entre cuatro y cinco mil establecimientos, Barrientos aseguró que continúan en "el procesamiento de la información, porque tenemos sectores que están alrededor de los mercados y que anda con sus carritos vendiendo panes".

Sumado a lo anterior, la institución deberá iniciar en los próximos días el registro de las organizaciones de caridad.

A éstas "a partir de la otra semana, les vamos a subir el mecanismo de pre registro (en la página web del Ministerio), donde van a llenar todos sus datos. Posteriormente, los vamos a llamar para que presenten toda la personería jurídica que corresponde", explicó el director del Sistema.

Barrientos defendió el mecanismo de racionalización y lo definió como "exitoso"; a pesar de los inconvenientes, por los que incluso el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) dijo la semana pasada a El Diario de Hoy que interpondría una demanda.

"Tenemos un asocio público privado muy eficiente. El mecanismo ha demostrado la eficiencia en cuanto a los pagos", sostuvo Barrientos.

Respecto a los $9.10 que actualmente se otorgan de subsidio, los responsables de la racionalización dijeron que eso está sujeto a los precios internacionales, pero también a la capacidad del Estado, por lo que por el momento no contemplan incrementarlo.

Por el contrario, Barrientos dijo que esperaban que el crudo se fuera "comportando de una manera más decente para poder disminuir el subsidio, y darle un alivio a las arcas del estado.

Desde marzo hasta a fecha, según las cifras de Economía, se han erogado $34 millones 344 mil 226 en concepto de subsidio, y respecto al ahorro que pretendía obtener el gobierno con la medida, enfatizó que ya han comenzado a verlo con aquellos salvadoreños que aún teniendo derecho a la ayuda la han rechazado, así como en la disminución del contrabando.

INDAGAN ROBO DE RECIBOS

El coordinador del Plan Integral del Gas Licuado, Marvin Rodríguez, confirmó ayer que en los Centros de Atención por Demanda han conocido denuncias de robos de recibos de energía eléctrica.

El Diario de Hoy publicó la semana anterior que el CDC tenía conocimiento de al menos diez denuncias de hurto de facturas con la finalidad de cobrar el subsidio de alguien más, así como de otras irregularidades.

Rodríguez aseguró que han pedido información a las instituciones de pago para tratar de identificar a los responsables de esos fraudes y evaluar una demanda en la Fiscalía General de la República.