Escuelas atadas para mejorar la enseñanza

Debido al recorte del presupuesto escolar, el dinero no alcanzará para pagar personal, docentes, dar mantenimiento a las escuelas, ni para comprar materiales educativos

El centro Escolar San Francisco, del cantón Candelaria, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, requiere muchas mejoras.Fotos EDH / lissette monterrosa

Susana Joma/ Lucinda Quintanilla/Cristian Díaz Domingo, 29 de Mayo de 2011


La mayoría de los directores y docentes de los centros educativos públicos están entre la espada y la pared. Eso es notorio cuando hablan sobre las exigencias que el Ministerio de Educación les ha hecho en los últimos años. Estas van desde mejorar la enseñanza hasta atender más niños en las aulas. Pero al mismo tiempo, les recortará el 10 por ciento del presupuesto que les asigna cada año en dos desembolsos: uno a principios y otro a mediados de año.

Un sondeo realizado durante las últimas dos semanas entre directores, educadores y personal administrativo de 13 centros escolares, de la zona central, oriental y occidental del país, reveló que muchos están literalmente desesperados ante la reducción del porcentaje, lo cual será efectivo en el desembolso de julio.

Entre las instituciones consultadas están el Complejo Educativo Aminta Montiel y el Centro Escolar caserío El Zapotal, en el Cantón Cantora, ambos de San Miguel; El Centro Escolar Caserío San Francisco de Asís y el Centro Escolar Cantón San Francisco Candelaria, de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán.

Además, se habló con representantes de los centros escolares: Cantón Caserío La Joya y el del Cantón La Pandeadura, en Tacuba, Ahuachapán; el Marcelino García Flamenco y el del Cantón San Antonio de Comasagua, del departamento de La Libertad.

Dependiendo del monto del presupuesto que Educación le asignó a cada escuela la reducciones pueden ir desde los $200 hasta los $2,000.

Los más preocupados son los que dirigen instituciones cuyo tamaño y población demanda más recursos, infraestructura, personal administrativo y docentes que no son provistos por Educación. Por lo tanto las instituciones se ven obligadas a usar en ello el presupuesto que Educación les transfiere y que, de hecho, consideran que de por sí no es suficiente para las innumerables necesidades que enfrentan.

La mayoría de directores coincide en que tendrán que prescindir de la compra de materiales de limpieza, papelería, y otros materiales que los educadores y niños utilizan (plumones, papel, lápices, cartulina), eliminar la compra de productos que utilizan para enriquecer el alimento escolar (tomates, chiles, vegetales), y de la compra de equipo deportivo y pupitres.

Dejarán de lado la compra de implementos deportivos o musicales, con el fin de que los estudiantes aprendan otras habilidades. Aunque en menor cantidad, hay casos en que estudian, como última medida, despedir algún personal administrativo; aunque les preocupe la situación económica que afrontarán.

En retrospectiva, cada centro de enseñanza Básica ha venido recibiendo una asignación determinada con base en el número de estudiantes con los que cerró el año anterior. Mientras, los centros que brindan educación Media, sean complejos educativos o institutos nacionales, han recibido un bono de gratuidad del servicio, el cual también es acorde a la población estudiantil.

Se trata de dos medidas que las administraciones anteriores dejaron para evitar que los padres de familia cancelaran las llamadas "cuotas voluntarias" o contribuyeran con otros desembolsos para comprar materiales básicos de limpieza, papelería y yeso. Al mismo tiempo, la medida buscaba reducir la deserción escolar, basada en el hecho de que muchos padres no enviaban a sus hijos porque no tenían cómo cancelar las mensualidades. En el caso de la educación Básica, la gratuidad permitió empujar la cobertura, al punto de que las nuevas autoridades de Educación han advertido que esta ya ronda el 98 %.

Respecto a la educación media, aunque la tasa de cobertura se elevó por la presión que ejerce el aumento de alumnos en básica, así como por la gratuidad y el programa de modalidades flexibles, el número de jóvenes que aún no logran entrar es significativo.

En la actualidad, sólo el 30 % de la población estudiantil termina el bachillerato y su formación es deficiente. Muestra de ello es que el promedio general de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes (Paes) alcanzó el 5.14 en 2010, superando así el 4.99 de 2009.

Para la educación Parvularia la cobertura también es deficitaria y no se diga para la educación inicial, la cual sigue sustentada en los centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (Isna) y en organizaciones no gubernamentales. Hasta hace un año, el Gobierno inició el proyecto piloto en tres municipios de San Salvador.

El último informe de Coyuntura Social de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) destacó la importancia de que el Gobierno no sólo propicie el incremento de la tasa de escolaridad en los niveles donde hay brecha, sino también la calidad de la enseñanza como algo urgente. Esto implica que se deben invertir más fondos para abrir los servicios de Parvularia y Media en centros educativos que ya funcionan, construir nuevos centros para que brinden esa formación, contratar maestros especializados, y comprar mobiliario, textos y otros equipos.

Sin embargo, la incertidumbre de los directores radica en cómo llevar a las aulas la calidad que tanto se les está exigiendo y cómo poner en marcha las directrices que el Ministerio de Educación (Mined) les ha dado, si lo que les está transfiriendo está por debajo de lo que requieren para cubrir los gastos elementales.

Bajo el nuevo Plan Social Educativo "Vamos a la Escuela" los directores y docentes están llamados a respaldar programas como el de la inclusión de todos los niños, impulsar el deporte, las actividades recreativas, la escuela de tiempo pleno y apoyar el Plan Nacional de Alfabetización. Pero los fondos brillan por su ausencia.

Aunque Educación señala que sus programas están encaminados a propiciar la participación de las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales, los testimonios de los directores confirman que no siempre los demás miembros de la localidad tienen disposición de ayudarlos y al final les toca marchar solos.

Aquellos centros que han sido tomados en cuenta para desarrollar programas pilotos han recibido algunas herramientas, gracias a cooperantes, pero según los testimonios no es la regla general.

El argumento que el Mined esgrimió para reducir el presupuesto escolar es que tomará de este rubro para cubrir el compromiso adquirido con las gremiales de docentes para dar ese aumento salarial que el presidente Funes prometió a empleados públicos en enero.

Sin embargo, en las últimas semanas los sindicatos de maestros, como Bases Magisteriales y Simeduco, no han cesado en su afán de desvirtuar lo expresado por los titulares de Educación. Aseguran que cuando se negoció el incremento que les corresponde no se acordó que para darlo se le iba a reducir la asignación a las escuelas. Más bien, ellos propusieron que se tomara del rubro de imprevistos que tiene la Cartera de Estado.

Más de uno se pregunta que si esto ocurrió tras negociar este incremento como empleados públicos, qué pasará cuando los gremios vuelvan a la mesa con el gobierno para negociar la mejora económica que según la Ley de la Carrera Docente les corresponde cada tres años, como resultado de una revisión.

De allí que los gremios han sumado sus voces a las de expertos en Educación, como Oscar Picardo y Felipe Rivas, para insistirle a los titulares del ramo a presionen al gobierno para que invierta más en este rubro, de tal forma que el presupuesto que se asigne pueda llegar pronto al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), justo cuando otros países superaron esa meta hace mucho. En la actualidad, el país solo invierte el 2.8 % del PIB.