El “limbo jurídico” de los terrenos donde se ubican estos centros educativos no permite que los cooperantes destinen fondos para realizar mejoras en escuelas que necesitan reparaciones urgentes.
Escrito por German Rivas
Domingo, 22 mayo 2011 00:00
LPG
“Estamos en desventaja porque ni siquiera hay esperanza de que un día sea del ministerio.”
Doris Montalvo, directora Centro Escolar Barrio Belén
“La certeza jurídica es lo que pide el cooperante para invertir en los inmuebles.”
Hugo Higinio López, director de asesoría jurídica del MINED
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La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación (MINED) enfrenta una tarea titánica. Al iniciar su gestión heredó la ausencia de un sistema de control confiable sobre las diferentes formas en que el ministerio ha adquirido propiedades, entre ellas terrenos e infraestructuras completas donde funcionan los centros escolares.
Es decir, no se sabe cómo llegaron las donaciones privadas, municipales y públicas, ni cómo se realizaron las transferencias de inmuebles, ni su estatus legal.
El director de Asesoría Jurídica del MINED, Higinio López, aseguró que los problemas iniciaron cuando empezaron a poner en marcha el Programa de Mejoramiento de Ambientes Escolares y Recursos Educativos –contenido en el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela–. Allí se encontraron con la incertidumbre jurídica de los inmuebles y terrenos donde se ubican los centros.
El informe preliminar de la Dirección de Asesoría Jurídica indica que de 5,407 centros educativos públicos a escala nacional solo se encuentran legalmente inscritos a favor del ministerio 2,526 (46.7%). El resto, los 2,881 se quedan en un limbo jurídico.
“Un 50% realmente está inscrito con la certeza jurídica de que son propiedad del ministerio. Tenemos pendientes de inscribir 1,380, y en trámite de legalización 375 inmuebles que estamos diligenciando”, indicó López.
Los principales afectados son quienes conforman la comunidad educativa, porque cuando los inmuebles no están inscritos a favor del MINED es difícil conseguir y ejecutar ayuda nacional e internacional.
Todo cooperante exige la garantía jurídica, a efecto de saber que su ayuda está en manos de Educación y que podrán realizarse inversiones estatales a futuro para mejoras de las escuelas.
De hecho, muchas de estas 2,881 instalaciones necesitan urgentemente ampliaciones, reparaciones de techos, paredes, servicios, obras de mitigación por la llegada de la estación lluviosa, pero por estar en alquiler o arrendadas no se pueden intervenir.
“No existía un control sistemático”, asegura López. Y agrega: “La dirección organiza su estructura dándole prioridad a la legalización de inmuebles, creamos un departamento para que dé asistencia a este tipo de controles”.
De todas partes
De entre los que están en limbo jurídico hay 26 inmuebles arrendados, sobre los cuales el MINED no tiene ninguna facultad para realizar mejoras.
Otras infraestructuras provienen de donaciones del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que ha dado 100 terrenos para que funcionen escuelas, así como el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) con 13 terrenos.
Además, se encuentran en trámite de donación y comodato los cedidos a favor del MINED por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Banco de Fomento Agropecuario, el Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal (CENTA) y alcaldías.
Entidades como el Ministerio de Hacienda y Salud también han brindado inmuebles para que funcionen centros educativos, lo que requiere un proceso de transferencia a nivel administrativo.
Se buscó al Centro Nacional de Registros (CNR) para verificar la cantidad de escuelas que no están a nombre del MINED, pero se notificó que la información disponible es sobre todos los inmuebles de la cartera, “pero no lo tenemos registrado como escuela”.
Lograr legalizar todos los terrenos e infraestructuras del MINED es una tarea difícil porque, aparte de la gran cantidad de casos a escala nacional, se presentan un sinfín de inconvenientes al momento de querer legalizar, como que los donantes no tienen el dominio total del inmueble o si poseen cuentas pendientes en concepto de gravamen.
Hay casos en los que solo uno de los propietarios se encuentra en el país, mientras que el resto residen en el extranjero, o en el peor de los casos han fallecido.
También hay donantes de carácter jurídico que tienen sus representantes legales, con quienes se debe llevar a cabo un protocolo especial. “Que la propiedad esté indiviso –varios dueños– sigue siendo un obstáculo. Son los problemas que enfrentamos en la realidad”, explicó López.
Desinterés
López calificó de “increíble” que en las administraciones anteriores haya habido un desinterés por legalizar los inmuebles, a tal punto que la contraparte (los propietarios) era la que buscaba, en muchas ocasiones, ordenar.
Ahora Educación se enfrenta a nuevas disposiciones legales que hacen para la Dirección de Asesoría Jurídica más ardua la labor, al buscar la alternativa de establecer convenios con entidades gubernamentales, porque aparte de tiempo se requieren fondos.
Previo a la inscripción se debe hacer un levantamiento topográfico, que cuesta entre $50 y $100.
“Es un gran problema que nos quita el sueño día a día, pero vamos avanzando poco a poco y lo que nos dará el impulso son los convenios. Estamos haciendo una auditoría interna, al rastrear los registros, para establecer la certeza del dato preliminar”, agregó.
La meta es que al final del presente quinquenio se tengan a la mayoría de las escuelas –sino a todas– legalmente inscritas en el CNR a nombre del MINED, quitando así un gran obstáculo a la inversión que estas demandan.
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