Burocracia atrasa traslado de docentes

La educación pública está amenazada por la violencia y el clima de inseguridad. Más de 150 profesores han pedido el traslado por amenazas de muerte o extorsiones; por el momento no hay un proceso ordenado para garantizar su seguridad inmediata


M. Cidón/S. Joma/Y. Cáceres
Martes, 15 de Junio de 2010

Unos 150 de profesores han solicitado al Ministerio de Educación (Mined) el traslado de su lugar de trabajo debido a las amenazas de muerte recibidas, según datos de gremios de educadores. Los sindicatos de docentes están preocupados por esa situación y solicitan a las autoridades más agilidad y acciones claras para combatir el problema. Incluso plantean posibles reformas a la Ley de la Carrera Docente como una de las opciones para poder hacer los traslados con más prontitud, porque detrás de cada solicitud hay un profesor en peligro, y a veces hasta su familia.

En Educación, la Directora Nacional de Gestión Departamental, Sandra Alas, manifestó que han tenido "un aproximado de 65 maestros en las listas, sobretodo estamos contabilizando desde septiembre de 2009 hasta marzo de este año, que hemos tenido mayor cantidad de demanda, de abril y mayo ha disminuido".

El secretario general del Sindicato de maestros de Educo (Simeduco), Manuel Molina, cree que la cifra oficial se queda corta, "para mí hay más casos que los 65 que dice el Mined. También hay muchos que no denuncian. El Mined tiene un listado completo. En las últimas tres semanas hemos recibido más denuncias". Para reafirmar su opinión, Molina cita el caso más reciente registrado a ese sindicato. Se trata de la solicitud de traslado de todo el personal docente del centro escolar Minas de Plomo, en San Juan Opico, La Libertad, para ello gestionaron la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

A estos maestros les asaltaron, uno de ellos identificó a los delincuentes y por precaución solicitaron el traslado de todos. Al final, la comunidad se comprometió a darles transporte para que pudiesen entrar y salir, con cierta seguridad, en esa zona.

El Sindicato de los maestros de Educo, Simeduco, opinó que en la zona rural la situación es más grave. "Exigimos que se diseñe un proyecto de seguridad para las escuelas de Educo en las zonas rurales, ahí tememos más extorsiones", dijo David Rodríguez, secretario de finanzas de esa organización, durante una marcha el fin de semana, en la que precisamente la demanda de ese y otros sindicatos era en cuanto a la seguridad de los educadores, así como aumento salarial.

Solo en el departamento de La Libertad han solicitado 22 traslados de profesores por amenazas de muerte, 16 fueron reubicados "y el resto aún está esperando", dijo Rodríguez, ayer. Añadió que las peticiones de traslado ya eran 132 hace dos meses, basándose en lo publicado por el Ministerio de Educación tras el asesinato de los maestros del centro escolar El Ángel, entre Tacachico y San Juan Opico, hace dos meses. Por lo que ahora dicen llegar a los 150 casos.

Para Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales, "lo de Tacachico fue lo que produjo que Educación prepare un registro de irregularidades por amenazas, rentas y asesinatos, pero (antes) aparecían como hechos aislados. Lo de Tacachico fue un llamado de atención".

Bases Magisteriales está participando en reuniones con el Consejo de Seguridad Pública, la Policía y el ministerio para un convenio entre Educación y la Policía que despliegue un Plan de Seguridad y se registren todos los casos de amenazas.

La viceministra de Ciencias y Tecnologías del Mined, Erlinda Hándal, expuso recientemente que los "todas esas situaciones se dan a conocer a la Policía para que ellos tomen las medidas pertinentes".

Esta vía es la que piden los maestros y las gremiales magisteriales para garantizar que los amenazados se sientan atendidos por las autoridades, según Edgardo Guidos del Sindicato de Maestros (Simes). "Ahora la gente dice que es el trabajo o la vida, ¿pero quién me está dando garantía? Y por eso no quieren dar datos ni se confía en el sistema de seguridad de este país", declaró.

Además comentó que los profesores no se atreven a denunciar porque desconfían de la Policía y que "lo que se debe buscar es la voluntad política para una salida, porque estamos hablando de vida o muerte de los maestros. Es un proceso largo y tedioso pero a veces la vida de una persona depende de 20 o 48 horas", dijo Guidos.

Según Rodríguez, algunos son trasladados en 15 días y otros en cuatro meses.

Por este motivo los gremios están pidiendo con carácter urgente una reforma a Ley de la Carrera Docente. Hasta entonces "no se pueden hacer (traslados) por eso sugerimos la figura del Destacado, para cuando el maestro o la maestra se ve en riesgo pueda ser reubicado de inmediato", propone Molina, de Simeduco. Esta figura es un intermediario que existía antes en el programa Educo. Según López "el ministerio no tiene una postura muy firme ni clara de cómo resolver este problema. En una escuela, la directora fue baleada y un compañero resultó herido, y como no les pueden dar empleo los tienen en las direcciones departamentales".

Por ello propone al Ministerio de Educación "que busquen agilizar los trámites y la reforma a la ley. Y que se busque lo más rápido posible la manera cómo los estudiantes que están más necesitados puedan ser atendidos y llegue la gente a trabajar".

La Directora Nacional de Gestión Departamental, Sandra Alas, afirmó que "estamos revisando la ley con asesoría jurídica y trabajando en una propuesta para ver cómo puede incluirse que no haya mucha dilatación en hacer este tipo de traslados".

"Cada día que pasa tenemos más maestros amenazado. La inseguridad es grave. Los titulares sacan planes, pero nosotros no vemos nada en las escuelas", reprochó Paz Zetino Gutiérrez, del sindicato Bases Magisteriales. Para David Rodríguez de Simeduco la violencia sigue creciendo, sobre todo porque "hay gente que aprovecha la cuestión actual para controlar e intentar intimidarnos. El problema es que los padres han dejado de asumir su rol".

El 18 de junio esperan reunirse las gremiales con el ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, y solicitar la igualdad de condiciones para los maestros.