Reformas a ley magisterial

El principal “stakeholder” de la Ley de la Carrera Docente es el país mismo, que jamás podrá levantarse si persisten la mala educación y la falta de cultura de la población.

Escrito por Joaquín Samayoa
Miércoles, 06 abril 2011 00:00
jsamayoa@fepade.org.sv

En su edición del lunes recién pasado, LA PRENSA GRÁFICA informó que la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa ha iniciado la discusión de un proyecto de reformas a la Ley de la Carrera Docente. Ya que se trata de una ley sumamente importante para el futuro de la educación en nuestro país, son oportunas y necesarias algunas consideraciones sobre el propósito y el contenido de la misma.
La ley vigente fue promulgada hace quince años, en el marco de la más reciente reforma educativa nacional, con el fin de actualizar la ley del escalafón magisterial que por varias décadas había regulado la profesión docente. Desde su promulgación, la referida ley ha sido objeto de reformas puntuales, pero han sido pocos y no muy fructíferos los débiles intentos que la Asamblea Legislativa ha hecho para reformarla de manera integral.
La Asamblea cuenta con estudios y recomendaciones planteadas por consultores que fueron contratados hace algunos años para orientar la reforma, pero a juzgar por conversaciones que en distintos momentos he tenido sobre este tema con algunos diputados, no parece que el Órgano Legislativo entienda realmente las implicaciones de la ley en la calidad de la educación pública de nuestro país.
Siempre que se legisla sobre este tema se comete el gravísimo error de asumir que los únicos o principales afectados por una u otra forma de concebir la naturaleza y los propósitos de la ley son los maestros. Consiguientemente, las consultas suelen ser muy restringidas y las negociaciones políticas se limitan a las cúpulas de dirección de las organizaciones del gremio magisterial, las cuales han ido perdiendo la sólida representatividad que una de ellas, ANDES 21 de Junio, llegó a alcanzar cuatro o cinco décadas atrás.
Ni son los maestros los únicos afectados por la ley ni se sienten la mayoría de ellos debidamente representados por las actuales organizaciones de su gremio. La Ley de la Carrera Docente es un instrumento jurídico que hasta ahora ha frenado pero podría empezar a impulsar un verdadero desarrollo profesional docente, y de ello depende en considerable medida que la educación que se imparte en nuestras escuelas e institutos públicos siga siendo de mala calidad o empiece, por fin, a superar su histórica mediocridad.
En esa lógica, respaldada de manera muy consistente por una prolífica producción de estudios educativos realizados en contextos socioeconómicos muy diversos, el principal “stakeholder” de la Ley de la Carrera Docente es el país mismo, que jamás podrá levantarse si persisten la mala educación y la falta de cultura de la población. También está de por medio el sagrado derecho de cada niño y de cada familia salvadoreña a una educación de calidad. Ojalá los diputados entiendan esto muy bien y no discutan con criterios tan estrechos el proyecto de reformas que ahora tienen en sus manos.
La observación anterior es más que oportuna, porque entre los propósitos que el proyecto le señala a la nueva ley no aparece reflejada esta conciencia. Más bien se vuelve a caer en el error histórico de pensar que el principal propósito de la ley es propiciar la estabilidad laboral de los maestros, sin mayor consideración a su integridad ética ni a la calidad de su desempeño en las aulas, ni a los compromisos que debe asumir el Estado para crear condiciones apropiadas para el buen ejercicio de la docencia.
El proyecto también reafirma, muy equivocadamente de acuerdo con los hallazgos de la investigación científica, que la formación académica y la antigüedad de los maestros son los criterios más determinantes para su promoción y remuneración. Sabemos que en El Salvador se obtienen grados académicos de cualquier manera y la antigüedad significa en muchos casos acumulación de malas mañas y frustraciones.
La ley vigente adolece de otras notorias deficiencias que esperamos sean superadas en la reforma que se haga. Es una ley regulatoria de la carrera docente pero pretende ser también una ley de administración de centros escolares. Esto último debe ser objeto de otra ley diferente, por cuanto atañe a aspectos críticos y muy complejos de la calidad educativa, como son la formación, selección, remuneración y rendición de cuentas de los directores y subdirectores de centros escolares.