Susana Joma nacional@eldiariodehoy.com Lunes, 6 de Febrero de 2012
Garantizar el traslado rápido de los docentes que son víctimas de amenazas de muerte o extorsión en centros educativos públicos es lo que pretende la gremial Bases Magisteriales, al presentar una pieza de correspondencia y un proyecto de decreto ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa introducida ayer con el apoyo del diputado Mauricio Rodríguez, de Gana, sustituiría al Decreto 499 impulsado en 2012 por el Ministerio de Educación (Mined) y que estuvo vigente hasta noviembre pasado.
El Decreto 499 permitió que muchos educadores que sufrieron esos problemas el año pasado fueran reubicados en otras instituciones en un lapso de ocho días.
Sorteando obstáculos
Esto se logró sin que a los afectados se les exigiera tener como mínimo tres años de laborar en la institución de donde pedían ser trasladados, como exige el inciso segundo del artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente, que habla sobre los derechos de los educadores.
Antes de solicitar el traslado, los docentes tenían que denunciar los hechos ante las autoridades policiales.
"La vida demostró que no bastó que tuviera vigencia de un año. Estamos planteando que (el nuevo decreto) tenga vigencia para tres años", aseguró Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales. La fracción de Gana pretende que en la plenaria del próximo miércoles, con dispensa de trámite, se consigan los 43 votos para aprobar la propuesta.
Las gremiales Simeduco y Andes 21 de Junio también han previsto hacer gestiones para que se resuelva la situación de los profesores amenazados y extorsionados.
La iniciativa introducida ayer con el apoyo del diputado Mauricio Rodríguez, de Gana, sustituiría al Decreto 499 impulsado en 2012 por el Ministerio de Educación (Mined) y que estuvo vigente hasta noviembre pasado.
El Decreto 499 permitió que muchos educadores que sufrieron esos problemas el año pasado fueran reubicados en otras instituciones en un lapso de ocho días.
Sorteando obstáculos
Esto se logró sin que a los afectados se les exigiera tener como mínimo tres años de laborar en la institución de donde pedían ser trasladados, como exige el inciso segundo del artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente, que habla sobre los derechos de los educadores.
Antes de solicitar el traslado, los docentes tenían que denunciar los hechos ante las autoridades policiales.
"La vida demostró que no bastó que tuviera vigencia de un año. Estamos planteando que (el nuevo decreto) tenga vigencia para tres años", aseguró Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales. La fracción de Gana pretende que en la plenaria del próximo miércoles, con dispensa de trámite, se consigan los 43 votos para aprobar la propuesta.
Las gremiales Simeduco y Andes 21 de Junio también han previsto hacer gestiones para que se resuelva la situación de los profesores amenazados y extorsionados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DÉJANOS AQUÍ TU COMENTARIO