EL DIARIO DE HOYMartes, 16 de Agosto de 2011
"A mí y a mis 12 compañeros que laborábamos en un centro escolar de la zona rural de San Pablo Tacachico nos amenazaron de muerte", manifestó Alfredo (nombre ficticio), un maestro afectado por las pandillas.
Pero a pesar del temor que sintieron los 12 maestros, siguieron impartiendo sus clases en dicho centro, ya no tenían opción por no tener el nombramiento oficial y ello les impedía solicitar el traslado, explicó Alfredo.
Todo el problema era porque en dicha escuela, aseguraba la pandilla que controla la zona, estudiaban alumnos que eran rivales.
Los sujetos habían dicho que de no dejar el centro educativo, en los próximos días estallarían una granada con la cual matarían a maestros y alumnos. Alfredo afirmó que hicieron las denuncias ante las Policía, lo que influyó para que fueran incluidos en el plan "Escuela Segura", pero una tarde después, los policías asignados para resguardar a los profesores, fueron removidos.
"Por unos días se calmó el rumor que nos iban a matar, pero semanas después saquearon el centro escolar ", afirmó Alfredo. Se llevaron el material didáctico, computadoras portátiles y proyectores. Los maestros denunciaron el robo ante la Fiscalía y Policía, pero no se registraron capturas.
Por el contrario, los pandilleros reaccionaron con más violencia. Enviaron un nuevo anónimo en el que decían que iban a matar a los profesores por haberlos denunciado.
Como resultado, las clases fueron suspendidas durante varios días, mientras los profesores denunciaron la nueva amenaza a la Fiscalía. Tampoco se tuvo una respuesta favorable.
Días después, el centro educativo volvió a ser saqueado. Esta vez, los maestros descubrieron que los mismos directivos de la escuela, vecinos y alumnos eran los principales sospechosos del atraco.
Fueron denunciados pero nuevamente la delincuencia desafió a las autoridades.
Las amenazas siguieron, un grupo de jóvenes se presentó al centro y personalmente dio un ultimátum a los maestros. Como no se había tenido respuesta de la Policía y la Fiscalía, los profesores acudieron al auxilio de la Procuraduría de Derechos Humanos para exponer el problema.
La Procuraduría envió una delegación al cantón para investigar el caso, lo que mermó el terror que las maras estaban ejerciendo sobre los diferentes maestros.
Incluso, los sujetos llegaron al extremo de que les impusieron una renta de 50 dólares mensuales por maestro para dejarlos entrar al cantón.
Al final, los 12 maestros del referido centro educativo fueron trasladados a otra zona.
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