Foto por Ilustración de LA PRENSA/Salomón Vásquez
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El maestro Adalí Enrique Ayala Nolasco, de 40 años, tiene una orden de captura judicial por violar y embarazar a una alumna de 13 años, estudiante de tercer ciclo en un centro escolar rural del municipio de Pasaquina (La Unión).

La menor fue abusada en un aula del centro escolar al que asistía. Según relató a las autoridades, el profesor se quedaba con ella después de clases, ponía música a todo volumen y aprovechando la soledad de la zona la agredía sin que nadie pudiera auxiliarla.

Ese comportamiento lo realizó tres veces en una misma semana. La última vez la agredió también físicamente para someterla y se supone que en esa ocasión quedó embarazada.

“La niña fue violada al momento que ella se iba a retirar del centro escolar en la tarde, a la hora que los compañeros se iban hacia su casa; la encerraba en el aula, descaradamente le subía la falda, le bajaba la ropa interior y procedía a violarla”, describió el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Policía, Marcial Mejía Beltrán.

Se supone que la madre de la menor no se dio cuenta del sufrimiento de su hija ni de su embarazo hasta que presentó quebrantos de salud a inicios del mes de octubre y fue con ella a un centro asistencial para que fuera atendida.

Fue en la unidad de salud donde la niña contó lo que le había sucedido, las agresiones del docente, los golpes y las amenazas de que no contara a nadie lo sucedido, luego le dieron la noticia a ella y a su madre de que ya llevaba seis meses de gestación.

La madre decidió denunciar el hecho y al profesor y desde entonces esperan que este sea capturado y procesado, que pague por haberles cambiado drásticamente la vida.

Prófugo en Honduras

A la menor de edad, quien actualmente tiene ocho meses de embarazo, le realizaron exámenes físicos, psicológicos y de confirmación de su preñez en el Instituto de Medicina Legal de San Miguel, cuyos resultados permitieron que el mes pasado se girara la orden de detención en contra del maestro; para entonces este ya había huido del lugar. La PNC sospecha que está en Honduras, según la información que ha recabado, pero aún no ha revisado sus movimientos migratorios.

El jefe de la oficina fiscal de La Unión, Rafael Franco, confirmó que el Juzgado de Pasaquina giró la orden en contra de Ayala desde hace un mes, ya que en dicha jurisdicción iniciaron las diligencias judiciales. A la fecha, el caso está en instrucción con reo ausente, en Santa Rosa de Lima.

“Estamos a la espera de que lo capturen y que nazca el niño para realizarle la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) para que sirva como prueba incriminatoria, que se cometió el delito de violación, y prueba de ello es el infante”, explicó.

Siete víctimas más

Tres expedientes ha abierto la fiscalía en contra del profesor Adalí Enrique Ayala Nolasco, entre agosto y noviembre de este año, con un total de ocho víctimas.

“Desde agosto se viene investigando por un informe que envió la Junta de la Carrera Docente del departamento, aquí hay una situación muy particular, este informe se apertura porque se tuvo información de forma general de que habían varias menores que habían sido violadas”, aseguró Rafael Franco, jefe fiscal en La Unión.

Además del caso ya judicializado, el mes pasado el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) envió otro informe con seis víctimas más.

Según Franco: “En total son tres casos y ocho víctimas; solo en uno hemos podido individualizar el delito y lograr órdenes de captura, el resto (caso I y II) sigue en la fase de investigación para determinar qué delitos cometió el maestro contra las niñas”.

La FGR dijo que todas las víctimas son niñas de entre 13 y 15 años que estudiaban tercer ciclo en el mismo centro escolar.

“Cada caso en particular requiere un tratamiento especial, no presentan el mismo perfil, no obstante que puedan tener la misma edad, pero las condiciones de cómo pudieron haber sido objeto de una violación o agresión sexual pueden ser varias. En ese sentido, cada una requiere una atención especial y particular”, sostiene Franco.

El ministro de Educación, Carlos Canjura, dijo que desconocía el caso, pero que de hallar culpable al profesor, debe ser sancionado.

“En una situación de esta naturaleza no tenemos más que aplicar toda la ley que se necesita para que se sancione si este es el caso, en esto somos firmes, no hay consideración distinguida para un profesor si hace este tipo de cosas”, dijo Canjura.

El director departamental del Ministerio de Educación (MINED), Carlos Reyes, aseguró que desde hace aproximadamente seis semanas la Junta de la Carrera Docente de La Unión conoce la denuncia.

“La información que nosotros manejamos es por aviso que pusieron miembros de la comunidad educativa y se compartió la información con las instituciones que la ley manda, como la FGR y el CONNA”, manifestó Reyes.

Actualmente la región departamental ha girado una orden al director del centro donde laboraba Ayala para que este sea suspendido de sus labores, pero dicha disposición deberá seguir un proceso administrativo. 

De acuerdo con la Ley de la Carrera Docente, acosar sexualmente o cometer actos contra la libertad sexual de compañeros o compañeras de trabajo, alumnos o alumnas, dentro o fuera del centro educativo, es una falta muy grave, de acuerdo con el artículo 56, numeral 19.

“En todo caso, la junta, por lo general, espera la resolución judicial para dar su dictamen de suspender o despedir a un maestro”, explicó una fuente.