Este mes arreciaron las protestas sindicales y huelgas
Katlen Urquilla
politicaedh@eldiariodehoy.com
Domingo, 29 de Abril de 2012
El Gobierno del FMLN y Mauricio Funes se acerca a su tercer
aniversario en el poder en medio de intensos malestares de diversos
sectores del país que demandan puntos en común pero desde diferentes
trincheras.
En las últimas semanas, previas al 1 de junio cuando el Ejecutivo rinda cuentas de su tercer año de mandato y se encamine a la recta final de la administración, el ambiente se ha caldeado con demandas de más subsidios, alzas salariales, beneficios administrativos, entre otras.
Por ejemplo, gremios de docentes como Bases Magisteriales y Simeduco suspendieron clases y cerrar escuelas el 23 y 24 de abril pasado como medida de presión para el ministerio de Educación en demanda de mejorar los sueldos del magisterio y en rechazo al retraso en el desembolso de fondos que requieren las escuelas para pagarle a los proveedores de útiles, calzado y uniformes.
Al mismo tiempo, los trabajadores administrativos de Educación presionaron para que les avalen tres peticiones: una canasta básica al mes por un promedio de $100, además de uniformes para los que ganan hasta $1,500 mensuales, y que supriman las plazas de los que se jubilarán para quienes también exigen un bono de retiro.
Esas exigencias ponen en aprietos económicos a las autoridades de Educación porque requiere de un millonario gasto y han externado que no hay suficientes fondos.
Tres de las seis gremiales de docentes aceptaron la propuesta del Gobierno de aplicar esos aumentos en 2013 y 2014.
Por otro lado están presionando los sindicatos médicos y trabajadores de hospitales públicos como el Zacamil y el Rosales, quienes en los últimos días han declarado paros laborales en protesta por la falta de medicinas e insumos médicos.
Estos grupos sindicales mantuvieron un paro en diferentes hospitales, aunque de forma escalonada en diferentes áreas en protesta ante las autoridades de Salud por los problemas de escasez de fármacos, la falta de equipo, mala infraestructura y la sobrecarga de trabajo en los centros médicos públicos, según manifestaron.
Los sindicalistas de Sitrasalud, al igual que los maestros, están pidiendo que les cumplan con una nivelación salarial estipulada en $300.
A eso se suman las presiones de los transportistas para que el Gobierno les asigne más subsidio del que ya tienen en vista del alza en los precios de los combustibles, bajo la amenaza de subir el precio del pasaje a $0.60 centavos.
Y aunque hoy habrá una reunión entre el gremio y el secretario de asuntos estratégicos, Franzi Hasbún, el presidente Funes afirmó el pasado jueves 19 que no habrá alza al pasaje y, es más, advirtió que si lo hacen los sancionarán.
Pero no solo los transportistas quieren subvención gubernamental, sino que ahora las pandillas también han pedido que el subsidio que se les entrega a los transportistas se les traslade a ellos.
Los pandilleros revelaron el 13 de abril durante una misa en el penal de Izalco, Sonsonate, una propuesta que cayó como balde de agua fría para los transportistas: que la compensación económica que el Gobierno entrega al sector sea para ellos.
Ese fue el mensaje que trasladó el interlocutor de las pandillas con el Gobierno, Raúl Mijango, para que continúe la tregua que mantienen las maras, mediante la cual han bajado los homicidios.
Los buseros reciben casi $43 millones en subvención estatal y la compensación mensual para los dueños de autobuses es de $750 y de $375 para cada microbús.
Aparte de ese dilema, el Ejecutivo enfrenta otro problema: empleados de Secultura (Secretaria de Cultura de la Presidencia) están inconformes con las actuales autoridades, a quienes les critican la forma en que usan los fondos de la institución; por ejemplo, reprochan los pagos elevados en alquiler del edificio en el opera la entidad.
Y si eso no fuera suficiente, el Ministerio de Economía (Minec) también ha tenido en el tapete las quejas de la población por los atrasos en el pago del subsidio del gas.
Algunas entidades financieras han remitido a los beneficiarios al Minec porque aseguran que la cartera de Estado no les ha depositado los fondos para entregar la compensación.
Pero además de esas demandas, el Gobierno ha enfrentado durante varias semanas los reproches de los excombatientes porque no les han cumplido las demandas y ahora cambiarán la estrategia de presión.
Los veteranos que usurparon Catedral Metropolitana durante 97 días y la desalojaron el pasado 16 de abril han pedido la mediación de la PDDH y el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, con el Ejecutivo para que le entreguen pensión a los excombatientes de la tercera edad.
El descontento de todos esos sectores también es la antesala de las sendas marchas que preparan varias organizaciones para mañana 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo, para lanzar sus recriminaciones.
Ese es parte del panorama que se viene justo un mes antes de que Funes rinda cuentas de qué es lo que ha hecho en sus tres años de Gobierno junto al FMLN en favor de la población.
Reviven roces internos
El FMLN está consiente del disgusto popular, sobre todo al ver la respuesta de la gente en las recientes elecciones de alcaldes y diputados en las que perdió escaños y alcaldías emblemáticas como Soyapango.
Pero más que asumir alguna culpa por la inconformidad de los salvadoreños, el partido oficial ha descargado la responsabilidad en Funes y ambas partes se han tirado la bola por la caída electoral.
El cruce de palabras caldea también la atmósfera al interior del Gobierno.
Por un lado, Medardo González, secretario general del FMLN, y otros dirigentes efemelenistas han dicho que en la pérdida incidieron principalmente políticas económicas del Ejecutivo como el subsidio al gas.
El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén también ha dicho que el gobierno está en deuda con los cambios que se prometieron al país, achacándole ese incumplimiento directamente a Funes.
Y el mandatario no se ha quedado callado y le ha respondido fuerte a los dirigentes del partido que lo llevó al poder (ver más detalles en nota siguiente).
"El FMLN sabía muy bien cuando me llevó como candidato y cuando asumimos el Gobierno que íbamos a tener dificultades para emprender nuestro programa de Gobierno", respondió el gobernante a los dirigentes del partido.
Es más, ante la insatisfacción de la gente y del partido, Funes ha matizado que no se pueden esperar soluciones "mágicas de la noche a la mañana", sino que los cambios son paulatinos.
Los roces entre el partido y el presidente han llegado a un nivel en el que ambos se han echado en cara quién sacó más votos en las elecciones presidenciales.
En el FMLN ahora dicen que dada la experiencia con Funes en la próxima elección llevarán un candidato interno, y el mandatario responde que si no lo hubieran llevado a él no estarían en el poder.
Se espera pronto se nombre al candidato.
En las últimas semanas, previas al 1 de junio cuando el Ejecutivo rinda cuentas de su tercer año de mandato y se encamine a la recta final de la administración, el ambiente se ha caldeado con demandas de más subsidios, alzas salariales, beneficios administrativos, entre otras.
Por ejemplo, gremios de docentes como Bases Magisteriales y Simeduco suspendieron clases y cerrar escuelas el 23 y 24 de abril pasado como medida de presión para el ministerio de Educación en demanda de mejorar los sueldos del magisterio y en rechazo al retraso en el desembolso de fondos que requieren las escuelas para pagarle a los proveedores de útiles, calzado y uniformes.
Al mismo tiempo, los trabajadores administrativos de Educación presionaron para que les avalen tres peticiones: una canasta básica al mes por un promedio de $100, además de uniformes para los que ganan hasta $1,500 mensuales, y que supriman las plazas de los que se jubilarán para quienes también exigen un bono de retiro.
Esas exigencias ponen en aprietos económicos a las autoridades de Educación porque requiere de un millonario gasto y han externado que no hay suficientes fondos.
Tres de las seis gremiales de docentes aceptaron la propuesta del Gobierno de aplicar esos aumentos en 2013 y 2014.
Por otro lado están presionando los sindicatos médicos y trabajadores de hospitales públicos como el Zacamil y el Rosales, quienes en los últimos días han declarado paros laborales en protesta por la falta de medicinas e insumos médicos.
Estos grupos sindicales mantuvieron un paro en diferentes hospitales, aunque de forma escalonada en diferentes áreas en protesta ante las autoridades de Salud por los problemas de escasez de fármacos, la falta de equipo, mala infraestructura y la sobrecarga de trabajo en los centros médicos públicos, según manifestaron.
Los sindicalistas de Sitrasalud, al igual que los maestros, están pidiendo que les cumplan con una nivelación salarial estipulada en $300.
A eso se suman las presiones de los transportistas para que el Gobierno les asigne más subsidio del que ya tienen en vista del alza en los precios de los combustibles, bajo la amenaza de subir el precio del pasaje a $0.60 centavos.
Y aunque hoy habrá una reunión entre el gremio y el secretario de asuntos estratégicos, Franzi Hasbún, el presidente Funes afirmó el pasado jueves 19 que no habrá alza al pasaje y, es más, advirtió que si lo hacen los sancionarán.
Pero no solo los transportistas quieren subvención gubernamental, sino que ahora las pandillas también han pedido que el subsidio que se les entrega a los transportistas se les traslade a ellos.
Los pandilleros revelaron el 13 de abril durante una misa en el penal de Izalco, Sonsonate, una propuesta que cayó como balde de agua fría para los transportistas: que la compensación económica que el Gobierno entrega al sector sea para ellos.
Ese fue el mensaje que trasladó el interlocutor de las pandillas con el Gobierno, Raúl Mijango, para que continúe la tregua que mantienen las maras, mediante la cual han bajado los homicidios.
Los buseros reciben casi $43 millones en subvención estatal y la compensación mensual para los dueños de autobuses es de $750 y de $375 para cada microbús.
Aparte de ese dilema, el Ejecutivo enfrenta otro problema: empleados de Secultura (Secretaria de Cultura de la Presidencia) están inconformes con las actuales autoridades, a quienes les critican la forma en que usan los fondos de la institución; por ejemplo, reprochan los pagos elevados en alquiler del edificio en el opera la entidad.
Y si eso no fuera suficiente, el Ministerio de Economía (Minec) también ha tenido en el tapete las quejas de la población por los atrasos en el pago del subsidio del gas.
Algunas entidades financieras han remitido a los beneficiarios al Minec porque aseguran que la cartera de Estado no les ha depositado los fondos para entregar la compensación.
Pero además de esas demandas, el Gobierno ha enfrentado durante varias semanas los reproches de los excombatientes porque no les han cumplido las demandas y ahora cambiarán la estrategia de presión.
Los veteranos que usurparon Catedral Metropolitana durante 97 días y la desalojaron el pasado 16 de abril han pedido la mediación de la PDDH y el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, con el Ejecutivo para que le entreguen pensión a los excombatientes de la tercera edad.
El descontento de todos esos sectores también es la antesala de las sendas marchas que preparan varias organizaciones para mañana 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo, para lanzar sus recriminaciones.
Ese es parte del panorama que se viene justo un mes antes de que Funes rinda cuentas de qué es lo que ha hecho en sus tres años de Gobierno junto al FMLN en favor de la población.
Reviven roces internos
El FMLN está consiente del disgusto popular, sobre todo al ver la respuesta de la gente en las recientes elecciones de alcaldes y diputados en las que perdió escaños y alcaldías emblemáticas como Soyapango.
Pero más que asumir alguna culpa por la inconformidad de los salvadoreños, el partido oficial ha descargado la responsabilidad en Funes y ambas partes se han tirado la bola por la caída electoral.
El cruce de palabras caldea también la atmósfera al interior del Gobierno.
Por un lado, Medardo González, secretario general del FMLN, y otros dirigentes efemelenistas han dicho que en la pérdida incidieron principalmente políticas económicas del Ejecutivo como el subsidio al gas.
El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén también ha dicho que el gobierno está en deuda con los cambios que se prometieron al país, achacándole ese incumplimiento directamente a Funes.
Y el mandatario no se ha quedado callado y le ha respondido fuerte a los dirigentes del partido que lo llevó al poder (ver más detalles en nota siguiente).
"El FMLN sabía muy bien cuando me llevó como candidato y cuando asumimos el Gobierno que íbamos a tener dificultades para emprender nuestro programa de Gobierno", respondió el gobernante a los dirigentes del partido.
Es más, ante la insatisfacción de la gente y del partido, Funes ha matizado que no se pueden esperar soluciones "mágicas de la noche a la mañana", sino que los cambios son paulatinos.
Los roces entre el partido y el presidente han llegado a un nivel en el que ambos se han echado en cara quién sacó más votos en las elecciones presidenciales.
En el FMLN ahora dicen que dada la experiencia con Funes en la próxima elección llevarán un candidato interno, y el mandatario responde que si no lo hubieran llevado a él no estarían en el poder.
Se espera pronto se nombre al candidato.
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