EL DIARIO DE HOY
Irene Fraile-Manterola
Lunes, 8 de Junio de 2009
La posibilidad de que el ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, apruebe la propuesta presentada por varias gremiales de docentes relativa a eliminar el programa Educo y que los maestros y maestras que lo integran pasen a regirse por la Ley de Salarios, ha generado que agremiados y expertos expresen diferentes puntos de vista al respecto.
Para Óscar Picardo, consultor de Educación, la propuesta debe revisarse a fondo: "Si por 15 años ha funcionado bien, no sé si sería bueno trastocar ese tema porque si cambian (los maestros) a la Ley de Salarios, pasarían a ser parte de la Ley de la Carrera Docente. El tema está en conciliar un equilibrio entre la comunidad y los docentes". El consultor señaló que quizás pueda contemplarse la posibilidad de hacer contratos por tres o cinco años, ya que actualmente son de 12 meses. Esto, sumado a que los puestos de los docentes son ratificados o no anualmente por las Asociaciones Comunales de Educación (ACE), ha llevado al gremio a demandar mayor seguridad laboral.
La propuesta, según Luis Mario López y Manuel Molina, secretarios generales de Bases Magisteriales y del Sindicato de maestros de Educo (Simeduco), respectivamente, será evaluada por el Ministerio de Educación, en respuesta a un compromiso asumido en la campaña electoral por el Presidente de la República, Mauricio Funes, y por el Vicepresidente Sánchez Cerén.
Tras una audiencia mantenida el pasado jueves entre la Coordinadora Magisterial y Cerén, éste se comprometió a que técnicos de Educación revisarán la propuesta directamente con la Junta Directiva de Simeduco "para ver cómo desaparecerá el programa", dijo Molina, agregando que el ministro está interesado mantener sus beneficios. Los cuales consisten en una indemnización anual equivalente a un salario; una dotación económica por estudiante de $13 al año, el doble que en la educación oficial; y un incentivo de $23 por cada grado.
El programa Educo se sustenta en la participación de las comunidades rurales en el proceso educativo, siendo las ACE las encargadas de administrar los centros escolares, labor que Molina pone en duda.
Carlos Magaña, secretario General de Andes 21 de Junio, apoya la propuesta, pero cree que los docentes deberían ser más comprensivos respecto a los beneficios, "teniendo en cuenta la situación especial socio-económica actual". El consultor Felipe Rivas no ve problema alguno en que los docentes pasen a la Ley de Salarios, aunque expone que se debe hacer un análisis profundo de la educación rural en el país. "Educo se creó para impactar en la cobertura educativa en el área rural basada en la participación, pero no contempló el tema de la calidad. Es un tema de contenido, no de forma", aseveró.
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