SIMEDUCO llega a un acuerdo con autoridades de educación

   

BiancaSegura
Redacción Diario Co Latino 

El Sindicato de Maestros y maestras de la Educación con participación de las Comunidades (SIMEDUCO) se reunió con autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y autoridades del Ministerio de Educación (MINED) para solucionar sus demandas salariales y sindicales.

Ayer, SIMEDUCO se tomó la Dirección Departamental de Educación de San Salvador como una señal de presión para el MINED. Manuel Molina, Secretario General de la organización sindical, afirmó que  los docentes amenazados de muerte en zonas de alto riesgo, como Panchimalco,  no son trasladados a otros centros escolares. Molina señaló que hay diez maestros a los que no se les ha traslado pese a las amenazas.

Además, se les desmejoró en su condición salarial, ya que se les quitan los sobresueldos de ruralidad y doble sección. Ante esta situación, la gremial pedía  la destitución de Lilian de Benavides, Directora Departamental de Educación. 

Salvador Sánchez Cerén, Ministro de educación, dijo que no despediría a De Benavides ya que ha realizado un buen desempeño durante el presente año, y ante la respuesta del Ministerio, SIMEDUCO regresó a la mesa de negociaciones. 

Molina enfatizó, en una entrevista concedida a Diario Co Latino, que se llegó a un  acuerdo  para pagarles a los maestros amenazados de muerte hasta el mes de diciembre y que se buscará una solución sobre los traslados para los maestros.

“ Se hará otra reunión en diciembre donde daremos nuestra propuesta para solucionar el conflicto. Ahí se negociará el tema de la disolución de las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE)”, enfatizó el sindicalista. 

Desorden y afectación provocan tres protestas

Convulsa jornada en varias instituciones por demandas de los sindicalistas

Los manifestantes quemaron llantas en el Bulevar de Los Héroes, frente al Ministerio de Hacienda. Foto EDH / Mario Amaya

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SUSANA JOMA/M. AMAYA NACIONAL@ELDIARIODEHOY.COMLunes, 28 de Noviembre de 2011

La mañana del lunes hizo recordar la de otras jornadas de protestas que coincidían para los aniversarios de toma de posesión del Presidente Mauricio Funes, luego de un período de relativa calma sindical: ayer hubo protestas de los sindicatos de Educación, de Salud, del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y hasta del Ministerio de Hacienda.

Las tomas de instalaciones, cierre de calles y oficinas clave para el comercio afectaron, además del libre tránsito, las transacciones comerciales y la realización de trámites relativos a impuestos e inclusive los entrenos diarios de los atletas.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) inclusive emitió un comunicado en el que rechazó el cierre de las aduanas y solicitó a las autoridades que independientemente de las disputas que haya con los sindicatos se resuelva la situación para no afectar el comercio.

"El cierre de aduanas es totalmente inaceptable, porque afecta principalmente la tan deteriorada economía del país al impedir que se realicen las exportaciones e importaciones", reza el comunicado.

La gremial explica que tomando en cuenta que esta época del año es cuando se hacen más transacciones, el cierre no se justifica.

"Es totalmente inaceptable que cierren las aduanas, sobre todo en esta época del año, cuando es temporada alta tanto para las exportaciones, cuando las empresas están contra el tiempo para cumplir con los plazos que exigen sus clientes en el extranjero, así como para las importaciones de materia prima", se puede leer en la nota.

Se trata de la protesta del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (Sitramha) quienes presionan por la negociación de las cláusulas del contrato colectivos "pendientes" y en etapa de arbitraje.

La protesta se efectuó frente a las instalaciones de la cartera de Estado, situadas en el Bulevar de Los Héroes, e incluyó el cierre de aduanas terrestres.

En San Salvador los manifestantes quemaron llantas y ocasionaron molestias entre los conductores y transeúntes.

La protesta más larga fue la toma de la oficina departamental del Ministerio de Educación, en las cercanías de la Universidad de El Salvador, efectuada por el Sindicato de Maestros de Educo (Simeduco).

La manifestación inició a eso de las 4:00 de la mañana y se prolongó hasta el mediodía.

Manuel Molina, secretario general del Simeduco, denunció que la dirección departamental "acosa" a los miembros de ese sindicato. Cita el caso de uno que en noviembre viajó a Brasil para representarlos en un evento sindical y a raíz de ello no le pagaron el salario correspondiente a ese mes.

No se pudo obtener la versión oficial sobre el caso, sin embargo, los manifestantes lograron una reunión con autoridades del Ministerio, en la cual alcanzaron algunos acuerdos.

La otra manifestación tuvo lugar en la sede del INDES en la Alameda Juan Pablo II, en donde el sindicato de la institución impidió la entrada al recinto, y además fueron apoyados con personas que portaban banderas sindicales con las inscripciones del Sindicato del Seguro Social y del Centro Judicial, STISSS y Anejus.

De acuerdo con los manifestantes, que no proporcionaron sus identidades, la medida de hecho era para negociar el contrato colectivo y bono navideño.

Los más afectados, además de los conductores que transitan por ahí, fueron los atletas quienes no pudieron entrenarse como es debido al descontrol en el área del Palacio de los Deportes.

SIMEDUCO exige destitución de directora departamental San Salvador

Los maestros de la gremial realizan esta mañana una protesta en las afueras de la dirección Departamental del Ministerio de Educación de San Salvador.

Escrito por Gabriela Melara con informes de German Rivas
Lunes, 28 noviembre 2011 08:50

    

El Sindicato de Maestros y Maestras del programa EDUCO (SIMEDUCO) realiza esta mañana unaprotesta para exigir la destitución de Lilian Sorto de Benavides, directora departamental de San Salvador, por considerar que el trabajo de la designada atenta contra los derechos de los docentes.

Miguel Molina, secretario general de SIMEDUCO, aseguró que Sorto “ha puesto en riesgo la vida de los profesores al enviarlos a trabajar a lugares donde están siendo amenazados por pandillas que operan en los sectores”.

Ejemplificaron con el caso del centro escolar de Azacualpa (Panchimalco), que permaneció cerrado luego que Maestros advirtieran sobre amenazas en contra de los docentes.

Los profesores se encuentran realizando una protesta pacífica frente a la dirección departamental delMinisterio de Educación (MINED) de San Salvador, con el fin de solicitar a las autoridades escuchar su petición.

La medida se mantendrá de manera indefinida.

Editorial YSUCA: La seguridad no debe ser militarizada

Viernes, 18 de Noviembre de 2011 16:41 | Escrito por Administrator |  |  | 

Estamos a pocas semanas de celebrar los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra que tanto dolor y sufrimiento trajo al país. Uno de los aspectos más importantes en los que se avanzó en los primeros años de paz fue la desmilitarización de la sociedad y de las estructuras del poder. El Ejército fue depurado, desaparecieron las tropas de élite responsables de las principales y más crueles masacres cometidas durante la guerra, y se profesionalizó a los miembros de la Fuerza Armada, dotándoles de la doctrina requerida para los nuevos tiempos democráticos. Los militares se recluyeron en los cuarteles para desde allí estar a la espera de cumplir con su misión constitucional de defender la patria de cualquier ataque extranjero. Fue precisamente este uno de los mayores éxitos de los Acuerdos de Paz y la base de que hoy el Ejército goce de un alto prestigio entre los salvadoreños.

La desmilitarización de la sociedad y de las estructuras de poder no solo afectó a la Fuerza Armada; también supuso la desaparición de la Policía Nacional y de la Policía de Hacienda, dos cuerpos militarizados responsables de ejercer el terrorismo de Estado contra todo aquel que fue considerado un enemigo político. Todo ello dio paso al surgimiento de una nueva policía, la Policía Nacional Civil, y a una nueva estructura de seguridad pública que debía garantizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos humanos.

Desgraciadamente, al cabo de 20 años, las cosas se han complicado mucho y la situación de seguridad pública en El Salvador no responde al deseo de paz y bienestar de la mayoría de la población y a las expectativas que los mismos Acuerdos de Paz generaron. A lo largo de estas dos décadas se han cometido errores garrafales en el área de la seguridad pública; errores que explican en buena parte los insoportables niveles de violencia e inseguridad que padecemos hoy. Se han cometido yerros tanto por no invertir en la prevención del delito como por la inadecuada represión del mismo. Haber permitido la corrupción al interior de la Policía, haber bajado la guardia en la calidad de la formación de los nuevos agentes, no haber dotado al cuerpo de los recursos técnicos necesarios para una adecuada investigación son algunos de estos errores.

Pero de ello no son únicamente responsables el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, y la PNC. La seguridad pública depende de un sistema complejo del que participan también la Fiscalía General, el Consejo de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. Y junto a ellos está el sistema judicial, al que le corresponde el crucial papel de aplicar la ley y decidir si el presunto delincuente la violó o no. Si se ha llegado a la situación actual es porque cada uno de estos actores no ha actuado con el suficiente celo y la debida rigurosidad en el combate contra el crimen; los sistemas de seguridad pública y de justicia han funcionado ineficientemente por tradición.

En este marco, sin embargo, nada resuelve la renuncia del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Manuel Melgar, pues ello no obedece a su incapacidad, sino a una negociación del Ejecutivo con Estados Unidos y con algunos grupos de poder fáctico, que han exigido la dimisión a cambio de una mayor colaboración en los temas de seguridad. Más que la renuncia del ministro del ramo, la seguridad pública requiere de una reforma completa del Ministerio Público, de un Fiscal General que actué con firmeza y eficiencia en la lucha contra el crimen, y de un sistema judicial que imparta una verdadera y pronta justicia.

Pero es tanto el agobio que algunos están proponiendo volver a la militarización de la seguridad. Y el primer paso para ello sería nombrar como Ministro de Seguridad Pública y Justicia a un militar de carrera. Dar ese paso sería un error colosal; supondría echar al traste lo que tanto costó conseguir. La militarización del sistema de seguridad pública de ningún modo supondrá un mayor éxito en el combate al crimen, sino todo lo contrario, y de esto da fe el pasado reciente.

Como ya apuntamos, la mejora de la seguridad pública pasa por la reforma del sistema y requiere que los titulares de cada una de las instancias del mismo se comprometan a que estas funcionen eficientemente y con estricto respeto a los derechos humanos. Para ello, deben asignarse los recursos necesarios tanto a la prevención como a la represión del crimen, y acabar con la impunidad generalizada del crimen organizado, que cada vez opera más a sus anchas en el país. Ello es lo que único que propiciará un cambio hacia una mayor seguridad ciudadana.

Retoman trabajo con las implementadoras

El Ministerio de Educación (MINED) registra una solicitud por $20.4 millones de parte de 35 instituciones que ejecutan diversos programas educativos.

Escrito por German Rivas
Viernes, 18 noviembre 2011 00:00

    

“Imagino que hubo una revalorización, por ejemplo, en alfabetización. Antes, las universidades colaboraban muchísimo.”

Joao Picardo, vicerrector de ISEADE-FEPADE

“No entendemos por qué se sigue subsidiando este tipo de ONG.”

Manuel Molina, secretario general SIMEDUCO

“Normalmente constituyen alianzas importantes que movilizan más recursos pero, sobre todo, cohesiona.”

Felipe Rivas, vicepresidente de la FIECA

social

Las autoridades de Educación contemplan en su proyecto de plan de gastos 2012 retomar la relación de trabajo que tenían con las denominadas Implementadoras de Programas Educativos, las cuales ejecutan diversos proyectos con recursos estatales.

Estas organizaciones y fundaciones –con fines de lucro o sin ellos– cuentan con un cúmulo de experiencia en temas como alfabetización, educación inicial, educación especial, tecnología, educación media, arte y cultura, Jóvenes Talento; complementando el trabajo que el MINED realiza bajo el Plan Social Educativo.

Para este año, unas 15 implementadoras quedaron fuera del plan de gastos en educación, ya que se realizó un recorte de $2 millones utilizados para la contratación de 637 maestros.

Según el Presupuesto 2012 del MINED, las implementadoras han solicitado $20.4 millones, incluidas algunas de las que quedaron fuera del listado el año pasado. Respecto a 2011, dicho financiamiento se reduce en $4 millones.

Entre las instituciones que recibirían mayor cantidad de recursos están la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Católica de El Salvador, la Universidad Tecnológica y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

También están la Asociación Prohogar Permanente de Parálisis Cerebral, Fundación Salvador del Mundo, Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo, y la Asociación de Ciegos de El Salvador.

En total son 35 las implementadoras que el MINED ha contemplado para la erogación de recursos, frente a las 29 con las que terminó trabajando este año, aunque una reorientación de fondos realizada por la Asamblea Legislativa incorporó de nuevo a las 15 que habían quedado fuera.

Algunos diputados de la comisión de hacienda ya reclamaron al MINED por qué algunas instituciones no están incluidas en el presupuesto del próximo año, como la Fundación Padre Arrupe.

Para el analista y vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA), Felipe Rivas, retomar el trabajo con las Implementadoras de Programas Educativos es muy positivo porque al mantener alianzas estratégicas con la sociedad civil se movilizan muchos más recursos de los que el mismo Estado considera, sea a través del voluntariado o con inversión propia y cooperación.

“Normalmente constituyen alianzas importantes que movilizan más recursos, pero, sobre todo, cohesiona en torno a programas y aportan a los sistemas de educación alternativa o algunos programas que el mismo Gobierno define pero que le dan la diversidad e inclusividad que necesitan”, manifestó Rivas.

También consideró que con las implementadoras se llega a sectores donde tradicionalmente el Estado no logra alcanzar, atendiendo a poblaciones de mayor riesgo; aunque se tiende a ver el tema de cobertura, por lo que la calidad de estos servicios debe mejorarse siempre y cuando gocen del respaldo oficial.

“Se debe dar acompañamiento técnico especializado, pero a veces el ministerio no lo tiene y sí las implementadoras. Hay que estimular más la formación técnica, eso ayudaría bastante por el tema del vínculo laboral y eso siempre es favorable, más en el área rural”, agregó Rivas.

Por su parte, Joao Picardo, vicerrector de ISEADE-FEPADE, manifestó que al parecer ha habido un reconsiderando de Educación en función de los indicadores de ejecución, ya que las implementadoras ayudan mucho en este aspecto con altos niveles de eficiencia en términos generales.

“Imagino que hubo una revalorización, por ejemplo, en alfabetización. Antes, las universidades colaboraban muchísimo, al quitar el subsidio eso baja y los indicadores se sustentaron en un voluntariado que posiblemente no funcionó como se esperaba”, dijo.

A su juicio, no se puede generalizar con que las instituciones privadas no requieren de recursos para ejecutar programas educativos, aunque afirmó que –desde su análisis– revisaría el de Jóvenes Talento y sostendría aquellos que están orientados a la educación media, donde se registran deficiencias graves.