Carta a la Jueza Isabel Ponce

Dagoberto Gutiérrez

Desde las primeras noticias, supe que se había soltado, como un perro con rabia, la confrontación entre la libertad de expresión de las empresas y el Estado, representado por Usted. En cualquier otra circunstancia, se trataría de un funcionario judicial aplicando ordinariamente la ley, en un juicio común y corriente, pero en la refriega inevitable se entrelazaron 3 factores:

1- La filosofía neoliberal, que dicta que el Estado debe someterse al mercado y que el mercado debe normar, en definitiva, al Estado. Este criterio es el que domina a la sociedad salvadoreña desde hace más de 20 años y ha convertido a las empresas llamadas “medios” en intocables y en todopoderosas fuerzas políticas e ideológicas que, sin embargo, parecen y aparecen como entes apolíticos, independientes y dedicadas a informar.

2- El segundo factor es que se trató de hechos ilícitos cometidos por menores de edad, ante los cuales los sectores conservadores y reaccionarios claman por más represión, sin someter a crítica a la sociedad realmente existente. Aquí estamos frente a la más fiel filosofía occidental de un cinismo ilimitado, expresado por John Locke, cuando se niega el derecho humano a todo aquel que viola un derecho – base que sustenta la pena de muerte-: aunque nadie tiene derecho a matar a nadie, aquel que lo haga puede ser matado legalmente, aunque nadie tiene derecho a matar a otro.

3- El tercer factor es que Usted, Sra.Jueza, desde su posición de funcionaria judicial, se enfrentó al aparato ideológico de Estado, que dirigido por el mercado ejecuta la difusión y propaganda de una ideología que asegura que todo está bien en la sociedad cuando los negocios de los propietarios van bien, y que la delincuencia es simplemente una pieza que no funciona bien, y que los delincuentes, sobre todo los jóvenes y pobres, deben ser eliminados social, económica, política y legalmente.

Tengo la impresión que Usted no esperaba el vendaval que desencadenó su decisión de aplicar la ley, pero independientemente de eso, cuando aplicó la ley penal juvenil, tal como le corresponde, estaba cumpliendo con su obligación, y estableciendo como deben hacerse las cosas, cuando se tratare de los derechos de un menor a quien se le atribuyere ser actor o partícipe de la comisión de una infracción penal.

Para las empresas no se trata, como para Usted, de los derechos de un menor; por el contrario, se trata de la propaganda de hechos que justifican que un menor, en esas circunstancias, pierda los derechos que le corresponden en tanto menor. Es decir que las empresas no informan de hechos sino divulgan una posición, su posición política ante el fenómeno de la delincuencia juvenil. Por eso mismo, el enfrentamiento existente no es entre la libertad de prensa y la voluntad de una jueza valiente, sino entre la política de la empresa y la política del Estado, o lo que es lo mismo, la política mercantil y la política estatal.

La libertad de prensa es, en realidad, la libertad de las empresas para usar, de acuerdo a su posición política, el aparato ideológico que poseen, y en ningún caso supone, ni mínimamente, la libertad de expresión de las y los periodistas que trabajan en estas empresas. Estos deben someter sus opiniones al control empresarial, porque, en caso contrario, se quedarían sin trabajo.

El trabajo de estas empresas también consiste en realizar mayor trabajo propagandístico que informativo, por eso es que el desempeño de estas empresas las convierten en verdaderas fuerzas políticas que sustituyen contemporáneamente a los partidos políticos.

En décadas anteriores, los partidos hacían política y participaban en ella, pero actualmente, cuando el Estado es siervo del mercado, los partidos, como entes estatales que son, también pierden su peso político e ideológico en la sociedad y son sustituidos por los aparatos ideológicos que comentamos. Sin embargo, estas empresas tienen la ventaja de hacer política partidista sin aparecer como tales y sin someterse a los escrutinios que se les exige a los partidos. De aquí nace su convicción de que su trabajo siempre es imparcial y como tal es intocable.

Cuando de repente suena una campana inesperada diciendo que el aparato ideológico no se ha ceñido a la ley y que debe rendir cuentas, ese tañido es entendido como una afrenta a los intocables. De ahí que su conducta, Sra. Jueza, sea entendida como valiente por una parte de la sociedad.

Usted puede ver fácilmente la dimensión política de su trabajo y la naturaleza política de toda ley, por algo el derecho es la organización normativa del poder político, y por algo también un juez o una jueza no son simples aplicadores de la ley, ni simples cuadros técnicos del poder judicial. No se trata de administrar justicia, dado que ésta no se puede administrar, sino de impartir justicia, referida a la aplicación de la ley. Siendo ésta una versión muy limitada de la justicia y muy sobrada de la ley, resulta inevitable pensar que en cada caso, la simple aplicación de la ley requerirá, sin embargo, de una cabeza política que sitúe al ser humano ante el mundo y en el mundo, ante las contradicciones y dentro de ellas. Este es el océano turbulento, inevitable y previsible, en el que se encuentra la aplicación de la ley penal juvenil.

En última instancia, esta ley podrá ser modificada de acuerdo a la voluntad políticamente determinante, pero quedará muy vivo y presente, el desempeño de una jueza que tuvo que enfrentar la artillería de todo el aparato ideológico, desbocado y desamarrado, y hasta a la Sociedad Interamericana de Prensa, por el simple hecho de invocar la aplicación de la ley penal juvenil cuando de menores infractores se trata.

La corriente de aire fresco que su conducta ha proporcionado a una gran parte de la sociedad es algo que siempre le merecerá un justo reconocimiento.