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“Trabajo, Organización y Lucha".


lunes, 26 de abril de 2010

Carta a don Roberto Dutriz






Dagoberto Gutiérrez

Estimado Don Roberto:

Espero que me disculpe por el atrevimiento de escribirle esta carta y, quizás, quitarle parte de su tiempo para dedicarse a mirarla; lo hago movido por el crispante espacio periodístico que su empresa le ha otorgado al episodio de un ilícito cometido por un menor, de un fotógrafo de su empresa que toma fotos oportunas, de una jueza de menores que aplica la ley, y de la reacción de la empresa suya ante las decisiones tomadas.

No tengo ninguna duda que de su parte hay pleno convencimiento sobre lo correcto y justo de su postura y también sobre su opinión de que este episodio contiene, como un alacrán de aguijón grande, una amenaza para la libertad de prensa y hasta para el derecho de información de la gente.

Todo esto, Don Roberto, forma parte de un imaginario que funciona en la cabeza y en la realidad de los dueños de los aparatos ideológicos, como los diarios, las radios, las televisoras o revistas. Usted podrá suponer que la sociedad salvadoreña también ha sido conmovida y movida por esta especie de escándalo producido por la reacción de ustedes, en nombre del derecho a la información, ante la acción del aparato judicial estatal.

Desde la parte de la sociedad que no tiene propiedad de aparatos ideológicos, el derecho a la información resulta negado en la colisión con el derecho a la propiedad de estos aparatos. El predominio jerárquico de la propiedad privada por encima del derecho a la información determina la supremacía de un derecho humano sobre otro derecho humano y, al mismo tiempo, la inversión de estos aparatos que, ante la crisis de los partidos políticos, como parte de la crisis del Estado, asumen el papel de fuerzas políticas. Esto quiere decir que la información sede su espacio a la propaganda; es decir, al juego de los intereses políticos, económicos, ideológicos y mercantiles representados y defendidos por cada empresa. Esta realidad se agrava ante el hecho constatado de la concentración de la propiedad de estos aparatos en muy pocas manos que pasan, así, a monopolizar el control del juego ideológico.

Usted sabe que la actividad principal de un diario es la publicidad pero usted y yo sabemos, además, que ante el deterioro irrefrenable de los aparatos partidarios, los aparatos ideológicos de Estado funcionan como fuerzas políticas que, al hacer lucha política, comprensible, inevitable e irresistible, les resulta conveniente el papel de agentes de información social.

Así las cosas, cuando su fotógrafo capta hábil y diestramente la escena de un ilícito en el que participan menores, su empresa la publica, la jueza que conoce el caso y, de acuerdo a la ley, impone una sanción, podría pensarse que estamos frente a una circunstancia simple y cotidiana, tanto del ejercicio de la prensa como de la función judicial; sin embargo, el episodio que comentamos está siendo presentado como una confrontación entre jueces y juezas y los aparatos ideológicos privados.

Me parece, señor Dutriz, que en esta escena hay fuegos fatuos porque ni los jueces y juezas necesitan ser amigos suyos para hacer bien su trabajo, ni usted necesita la benevolencia judicial para desempeñarse. Se trata de un universo estatal y de uno mercantil, relacionados y confrontados. En circunstancias normales, el Estado fija las reglas del juego, y el mercado, siendo instrumento del Estado, juega el juego y observa las reglas. En el presente caso, el mercado pretende fijar las reglas y definir el juego, buscando que el Estado funcione como su instrumento, siendo esta la esencia real de la confrontación realmente existente. Esto va más allá de cualquier incidente procesal y de cualquier decisión judicial.

La posición de su empresa y las otras afines resulta ser esclarecedora porque están aportando claridad sobre el verdadero problema que está en debate y muestra la crisis de un postulado crucial del pensamiento filosófico neoliberal. Muy proba-blemente, esto tiene que ver con la crisis planetaria de estos principios y con la ola política que reclama el retorno del Estado como fuerza reguladora del mercado y de la economía. Su empresa ha puesto este tema a la orden del día y esta es una labor muy importante que merece reconocimiento.

Resulta deseable, Don Roberto, y usted lo decidirá, que su empresa promueva la discusión franca y abierta sobre estos temas. Se lo dejo a su consideración.

miércoles, 7 de abril de 2010

Carta a la Jueza Isabel Ponce




Dagoberto Gutiérrez

Desde las primeras noticias, supe que se había soltado, como un perro con rabia, la confrontación entre la libertad de expresión de las empresas y el Estado, representado por Usted. En cualquier otra circunstancia, se trataría de un funcionario judicial aplicando ordinariamente la ley, en un juicio común y corriente, pero en la refriega inevitable se entrelazaron 3 factores:

1- La filosofía neoliberal, que dicta que el Estado debe someterse al mercado y que el mercado debe normar, en definitiva, al Estado. Este criterio es el que domina a la sociedad salvadoreña desde hace más de 20 años y ha convertido a las empresas llamadas “medios” en intocables y en todopoderosas fuerzas políticas e ideológicas que, sin embargo, parecen y aparecen como entes apolíticos, independientes y dedicadas a informar.

2- El segundo factor es que se trató de hechos ilícitos cometidos por menores de edad, ante los cuales los sectores conservadores y reaccionarios claman por más represión, sin someter a crítica a la sociedad realmente existente. Aquí estamos frente a la más fiel filosofía occidental de un cinismo ilimitado, expresado por John Locke, cuando se niega el derecho humano a todo aquel que viola un derecho – base que sustenta la pena de muerte-: aunque nadie tiene derecho a matar a nadie, aquel que lo haga puede ser matado legalmente, aunque nadie tiene derecho a matar a otro.

3- El tercer factor es que Usted, Sra.Jueza, desde su posición de funcionaria judicial, se enfrentó al aparato ideológico de Estado, que dirigido por el mercado ejecuta la difusión y propaganda de una ideología que asegura que todo está bien en la sociedad cuando los negocios de los propietarios van bien, y que la delincuencia es simplemente una pieza que no funciona bien, y que los delincuentes, sobre todo los jóvenes y pobres, deben ser eliminados social, económica, política y legalmente.

Tengo la impresión que Usted no esperaba el vendaval que desencadenó su decisión de aplicar la ley, pero independientemente de eso, cuando aplicó la ley penal juvenil, tal como le corresponde, estaba cumpliendo con su obligación, y estableciendo como deben hacerse las cosas, cuando se tratare de los derechos de un menor a quien se le atribuyere ser actor o partícipe de la comisión de una infracción penal.

Para las empresas no se trata, como para Usted, de los derechos de un menor; por el contrario, se trata de la propaganda de hechos que justifican que un menor, en esas circunstancias, pierda los derechos que le corresponden en tanto menor. Es decir que las empresas no informan de hechos sino divulgan una posición, su posición política ante el fenómeno de la delincuencia juvenil. Por eso mismo, el enfrentamiento existente no es entre la libertad de prensa y la voluntad de una jueza valiente, sino entre la política de la empresa y la política del Estado, o lo que es lo mismo, la política mercantil y la política estatal.

La libertad de prensa es, en realidad, la libertad de las empresas para usar, de acuerdo a su posición política, el aparato ideológico que poseen, y en ningún caso supone, ni mínimamente, la libertad de expresión de las y los periodistas que trabajan en estas empresas. Estos deben someter sus opiniones al control empresarial, porque, en caso contrario, se quedarían sin trabajo.

El trabajo de estas empresas también consiste en realizar mayor trabajo propagandístico que informativo, por eso es que el desempeño de estas empresas las convierten en verdaderas fuerzas políticas que sustituyen contemporáneamente a los partidos políticos.

En décadas anteriores, los partidos hacían política y participaban en ella, pero actualmente, cuando el Estado es siervo del mercado, los partidos, como entes estatales que son, también pierden su peso político e ideológico en la sociedad y son sustituidos por los aparatos ideológicos que comentamos. Sin embargo, estas empresas tienen la ventaja de hacer política partidista sin aparecer como tales y sin someterse a los escrutinios que se les exige a los partidos. De aquí nace su convicción de que su trabajo siempre es imparcial y como tal es intocable.

Cuando de repente suena una campana inesperada diciendo que el aparato ideológico no se ha ceñido a la ley y que debe rendir cuentas, ese tañido es entendido como una afrenta a los intocables. De ahí que su conducta, Sra. Jueza, sea entendida como valiente por una parte de la sociedad.

Usted puede ver fácilmente la dimensión política de su trabajo y la naturaleza política de toda ley, por algo el derecho es la organización normativa del poder político, y por algo también un juez o una jueza no son simples aplicadores de la ley, ni simples cuadros técnicos del poder judicial. No se trata de administrar justicia, dado que ésta no se puede administrar, sino de impartir justicia, referida a la aplicación de la ley. Siendo ésta una versión muy limitada de la justicia y muy sobrada de la ley, resulta inevitable pensar que en cada caso, la simple aplicación de la ley requerirá, sin embargo, de una cabeza política que sitúe al ser humano ante el mundo y en el mundo, ante las contradicciones y dentro de ellas. Este es el océano turbulento, inevitable y previsible, en el que se encuentra la aplicación de la ley penal juvenil.

En última instancia, esta ley podrá ser modificada de acuerdo a la voluntad políticamente determinante, pero quedará muy vivo y presente, el desempeño de una jueza que tuvo que enfrentar la artillería de todo el aparato ideológico, desbocado y desamarrado, y hasta a la Sociedad Interamericana de Prensa, por el simple hecho de invocar la aplicación de la ley penal juvenil cuando de menores infractores se trata.

La corriente de aire fresco que su conducta ha proporcionado a una gran parte de la sociedad es algo que siempre le merecerá un justo reconocimiento.

martes, 6 de abril de 2010

Maestros EDUCO a ISBM

www.mined.gob.sv
Lunes, 05 de Abril de 2010

En un acto simbólico realizado en el Centro Recreativo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en Metalío, Sonsonate, el ISBM inició el proceso de incorporación de los docentes que prestan sus servicios a través del Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), y en el cual, se contó con la presencia de las diversas asociaciones gremiales magisteriales.

“Hoy estamos iniciando 9 meses de trabajo y estamos convencidos que no hemos avanzado lo suficiente; pero sí estamos en la ruta correcta para dignificar al magisterio a través de la salud, y estamos convencidos también que dignificar al maestro salvadoreño en sus requerimientos de salud, significa contribuir a las mejoras de la escuela pública, a la calidad de la educación que este nuestro querido El Salvador ha demandado desde hace varios años”. Manifestó Rafael Coto, Presidente del ISBM.

La incorporación de 8 mil 130 docentes del Programa EDUCO, se desarrollará en tres fases, en ésta primera, se inscribirán 2 mil 710 docentes.

Para Sandra Alas, Directora Nacional de Gestión Departamental, éste esfuerzo ha sido un empeño constante, y desde que se tomo el ISBM el principal objetivo ha sido ofrecer a la población magisterial y a su familia, un centro de recreación y de salud, todo en la línea de elevar la calidad de atención y de desarrollo profesional del magisterio.

De conformidad al artículo 83 de la Ley del ISBM, desde el 1º de abril, los docentes EDUCO comenzaron a inscribirse para ser beneficiarios de los servicios médicos y hospitalarios que brinda el ISBM.

Bienestar Magisterial inicia absorción docentes Educo

En primera fase son 2,739

EL DIARIO DE HOY
Susana Joma
Lunes, 5 de Abril de 2010

Este mes el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) empieza a incorporar al sistema de salud de los educadores a los que laboran en el Programa Educación con Participación de la Comunidad (Educo). Inicialmente incorporará al 33% (2,739) de los 8,300 educadores de esa modalidad.

Según lo establecido en la Ley de creación del ISBM la absorción será progresiva y entró en vigor el 1 de abril de 2010, momento en que la institución cumplió dos años de funcionamiento como ente autónomo.

Para Manuel Molina, secretario general del Sindicato de Maestros de Educo (Simeduco), los responsables del ISBM ya tienen listo un padrón y la inscripción se desarrollará a través de las 14 oficinas departamentales de Educación.

"Lo que hemos pedido es que a fines de este año el 66% de los compañeros esté en e ISBM y que en enero del próximo año esté el 100%", declaró.

A inicios de año, representantes del ISBM informaron que en ese momento se cubría a 33,972 docentes, pero la cifra de usuarios es mayor porque también atienden a hijos y cónyuges.

Molina considera que la institución (ahora con un presupuesto cercano a los $64 millones) si tiene capacidad de absorber a todos de forma rápida.

Su colega de Bases Magisteriales, Luis Mario López, explica que los educadores deben ser incorporados, pero recordó que eso se había previsto en un período de tres años. López ve con buenos ojos el ingreso de los profesores de Educo, pero no descarta que esto tendrá un impacto sobre el sistema de salud docente, en el que, según afirma, persisten fallas en atención.